Doctrina Social de la Iglesia
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1. Escuche el programa especial sobre el Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconciliación en Colombia, con la participación del P. Darío Echeverri y el Dr. Martín Nates, transmitido por Radio María de Colombia el 20 de mayo de 2010. Haga clic en uno de los dos enlaces siguientes (Media Player o Quick Time Player):
8 Mínimos Comisión Nacional Conciliación (Windows Media Player, mp3)
8 Mínimos Comisión Nacional Conciliación (Quicktime, m4a)
2. Si usted ya escuchó el programa anterior lo invito a leer a continuación la ampliación de la explicación de los 8 mínimos para alcanzar la paz y la reconciliación.
¿Qué es la Comisión de Conciliación Nacional y en qué consiste el Acuerdo Nacional de Paz y Reconciliación?
En un momento en que no se veía ningún camino que llevara a la paz en Colombia, el Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, entonces presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, convocó el 4 de agosto de 1995 a representantes de diversos sectores de la vida nacional: a los trabajadores, a empresarios, políticos de diversos partidos, a buscar juntos soluciones políticas al conflicto y a convertirse en una instancia que pudiera acompañar a los esfuerzos de paz , crear y facilitar vínculos de encuentro entre el Gobierno Nacional, los movimientos insurgentes y los grupos llamados de autodefensas.
La Comisión de Conciliación Nacional, en un trabajo constante y callado realizó foros regionales en 20 ciudades, 15 conversatorios con representantes de las centrales obreras, de los gremios económicos, de otras confesiones religiosas, de partidos políticos, de las comunidades indígenas y afrocolombianas y de los medios de comunicación. Participaron activamente más de 15.000 personas en este trabajo, y se propusieron construir entre todos unos Mínimos por la Paz y la Reconciliación, con la intención de presentarlos al país y en particular a los candidatos a la presidencia.
Luego de 12 meses de trabajo, durante los cuales participaron 35 distintos sectores sociales, en 280 mesas de trabajo, sus deliberaciones fueron la base para la construcción, por consenso, de 8 mínimos de paz y reconciliación que permitan superar la confrontación armada y los conflictos sociales que vive Colombia.
¿Está completa la propuesta para construir la paz y la reconciliación?
En el proceso de sistematización de esa amplia información por regiones, participaron 15 universidades. Con toda razón, podemos pensar que las conclusiones de ese trabajo representan lo que el país siente que es necesario aplicar, para satisfacer necesidades que lo apremian y que deben hacer parte de un proceso de paz y reconciliación. Se trata de una propuesta seria, que sigue en construcción, – no está terminada,- que admite y se requiere profundizar y ampliar, pero que es un valioso aporte inicial, para hacer de Colombia la patria que soñamos.
La Comisión de Conciliación Nacional, encabezada por el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Iglesia Católica y las organizaciones que contribuyeron en la construcción del Acuerdo nacional de mínimos de Paz y Reconciliación, asumieron el compromiso de divulgar ese acuerdo ante la opinión pública y ante los candidatos a la Presidencia 2010-2014, para lograr que los mínimos concertados se conviertan en políticas públicas, que se puedan exigir a los gobernantes, que hagan de Colombia un país reconciliado, con paz y justicia social. Bien podría este acuerdo ser parte muy importante de varios programas de gobierno.
Los ocho mínimos
Vayamos entonces ya a los 8 mínimos que, para lograr la paz y la reconciliación propone la Comisión de Conciliación Nacional:
El primer punto de los 8 mínimos, – no el único, – se refiere a la necesidad de una Política de reconciliación y de paz que conduzca a la negociación. Debemos tener en Colombia una Política de reconciliación y de paz que conduzca a la negociación.
Los altos índices de violencia en Colombia durante décadas, motiva a plantear la necesidad de adoptar una política de Estado que busque la reconciliación y la paz. Es decir, no es suficiente un programa o una política de un gobierno. Una política de Estado no cambia con el advenimiento de los nuevos gobiernos, cada 4 años. Hay que partir entonces, de una evaluación de las experiencias anteriores y de un análisis profundo de las causas y consecuencias de estos años de violencia, para adoptar una política de Estado.
Una de las primeras medidas para encaminarnos a la paz y la reconciliación debe ser la liberación inmediata de todos los secuestrados y conseguir el compromiso de la insurgencia para poner definitivamente fin al secuestro.
Otras implicaciones del primer mínimo son:
– La generación de una cultura de paz que defienda la vida, la verdad, la solidaridad, la equidad, la tolerancia, la no discriminación y el respeto por la diferencia.
– Una cultura de paz no se crea por decreto; es necesario el compromiso activo de toda la sociedad: por ejemplo, los colegios y universidades deberán funcionar en una cultura en la cual se defienda la vida, la verdad, la solidaridad, la equidad, la tolerancia, la no discriminación y el respeto por la diferencia.
– Los medios de comunicación se deberían comprometer a promover la cultura de paz. Hoy, si los juzgamos por el amarillismo de algunos noticieros y programas de TV, pareciera que más bien fomentaran una cultura de violencia y desintegración social.
– Se necesita un proceso de formación ciudadana en el perdón y la reconciliación, un sistema de sanción moral y social contra los generadores de violencia. Una sanción social contra los medios que fomentan la violencia, podría ser, por ej., el que no los viéramos ni escucháramos, se bajaría así su índice de oyentes o televidentes y con ello sus ganancias por publicidad. Los que pagan la publicidad deberían ser los primeros en sancionar el amarillismo y la violencia de los medios.
– El retorno de los desplazados a sus lugares de origen en condiciones de seguridad, sería otra acción indispensable.
– Igualmente el cumplimiento de los compromisos del Estado para el logro de la verdad, la justicia y reparación de las víctimas.
Como podemos ver, cada uno de los mínimos propuestos abre un panorama inmenso de actividades que hay que desarrollar, en los más diversos ámbitos locales, regionales y nacionales, en los cuales todos tendríamos lugar como obreros de la paz.
Como no es posible agotar todo el tema de cada uno de los 8 mínimos, continuemos de manera más resumida con cada uno.
El segundo mínimo que propone la Comisión de Conciliación Nacional es el de Equidad en el acceso a los derechos / para garantizar una vida digna
Poder vivir una vida digna es ciertamente lo mínimo a que se puede aspirar. Es indispensable trabajar para disminuir y eliminar los actuales niveles de pobreza y de indigencia. No es aceptable, que por lo menos la mitad de nuestros compatriotas tengan que vivir en la pobreza o la indigencia.
La superación de la pobreza y de la exclusión dependen básicamente del acceso a un empleo digno. Exigen los participantes en el proceso del Acuerdo Nacional, un salario que permita satisfacer las necesidades básicas y la urgencia de derogar las políticas de flexibilización laboral, para garantizar la estabilidad y condiciones de trabajo dignas.
Demandan también los participantes el acceso universal a la salud, con la consiguiente reforma de la Ley 100 y el acceso a una vivienda digna y a los servicios públicos esenciales.
El tercer mínimo para la paz y la reconciliación es una reforma agraria amplia e integral.
En opinión de los participantes en los foros y conversatorios por el Acuerdo Nacional, un factor que tiene gran peso en la permanencia y extensión de la violencia en Colombia, es la ausencia de una política agraria equitativa. Algunos participantes señalan la paradoja existente en Colombia, un país que posee grandes extensiones de tierra fértil y que todavía requiera importar alimentos. Plantean por eso la necesidad de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria.
Sabemos que en Colombia hay tierra para todos. Sabemos que en algunas regiones, criminales de la guerrilla y del narcotráfico arrebataron de manera fraudulenta sus tierras a los campesinos o los obligaron a abandonarlas, convirtiéndolos así en desplazados por la violencia. Esas tierras deben volver a sus legítimos dueños.
El cuarto mínimo para la paz y reconciliación es la educación con calidad y cobertura para todos.
Una educación de calidad, que llegue a todos. Se aspira que la educación contribuya a la formación en valores y principios y a la construcción del país a partir de la educación en derechos humanos, democracia, paz, resolución de conflictos. Se plantea así mismo la necesidad de garantizar a toda la población, el acceso a educación de calidad, que es un derecho fundamental para el logro de una vida plena. No es suficiente que se ofrezcan unas horas de instrucción sin calidad.
Lograr la cobertura universal con una educación de calidad, en los niveles de educación básica, media, tecnológica y superior y teniendo además en cuenta la diversidad étnica y cultural, exige un esfuerzo que deben continuar varios gobiernos. Esperar que todo esto se consiga en un período presidencial es imposible. Por eso se necesita que estos mínimos se conviertan en políticas de Estado y no sólo en programas de un presidente.
En este momento, los estudiantes de los colegios públicos tienen acceso sólo a medio tiempo de estudio, pues la insuficiencia de aulas ha llevado a la solución, – a medias, – de atender a dos grupos de estudiantes que comparten las instalaciones del Colegio, media día cada grupo. Para que tengan una educación completa habría que duplicar el número de aulas y preparar otros tantos maestros.
El quinto mínimo se refiere a la consolidación del Estado Social de Derecho
Consolidación del Estado Social de Derecho es lo mismo que consolidación de una democracia real, y transparencia en el uso de los recursos públicos. El artículo 1° de nuestra Constitición de 1991dice:
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Para que el país se consolide como un estado social de derecho y logremos la paz y la reconciliación, hay que trabajar en los frentes que se refieren a la atención de los derechos fundamentales de los colombianos. Es indispensable superar los altos índices de corrupción en el manejo turbio de los recursos públicos, como se manifiesta en los altos niveles de impunidad y de corrupción en la celebración de contratos y en el uso de los recursos públicos.
También se requiere mayor eficiencia en la administración de justicia y superar los métodos ilegales que se emplean para llegar a la administración pública.
La reforma a la justicia debe conseguir la celeridad en los procesos para evitar su caducidad, conseguir que de verdad se haga justicia a la gente y así se transmita confianza en las instituciones. Hoy se escuchan comentarios que indican la desconfianza en los jueces y la desesperanza de quienes se ven obligados a “esperar contra toda esperanza”.
El sexto mínimo expresa la necesidad de Alternativas productivas sostenibles.
No se trata sólo del derecho y responsabilidad en el manejo de las riquezas naturales, con énfasis en la protección del agua, de los recursos minerales y del medio ambiente, sino también a invertir y promover el empleo de cobertura y calidad; que llegue a todos un trabajo de calidad. A la necesidad de ingresos y condiciones laborales dignas, justas y estables. Plantean los participantes, por un lado la necesidad de garantizar la formación humana y tecnológica, para acceder al trabajo y por otra, el que se ofrezcan incentivos al sector empresarial para que se comprometan a la creación de nuevos empleos formales y sostenibles.
Los participantes en los foros solicitan que se cumplan las normas de la OIT sobre el trabajo digno y decente, y añaden que todo trabajador del Estado debe tener un contrato laboral. Es triste, pero cuando las entidades gubernamentales deberían dar ejemplo en el cumplimiento de la ley, suelen ser las que menos cumplen las leyes laborales. Hoy, después de la ley de flexibilización laboral, las entidades del gobierno, para aparentar que tienen nóminas pequeñas, camuflan el número de empleados a su servicio, con la figura de los contratistas, mal pagados y sin ninguna estabilidad.
El séptimo mínimo es la Construcción de país desde la diversidad regional
Expresaron los participantes en los foros en que participaron más de 15.000 personas de todas las regiones, que se requiere mayor análisis sobre la realidad de sus regiones, en cuanto a las expresiones de la violencia, la dinámica de las organizaciones sociales, la cultura y sus recursos naturales. Hicieron énfasis en la importancia de partir desde lo local y regional hacia lo nacional. No hay duda de que hay un clamor nacional porque se oiga la voz de las regiones y se fortalezca la descentralización política. Que no todas las decisiones que afectan a las regiones, se tomen desde un escritorio en la capital.
El octavo mínimo pide Participación ciudadana en la construcción de los destinos colectivos.
En la mayoría de las mesas de trabajo por el Acuerdo Nacional hubo clara conciencia de la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil, para avanzar de manera sostenida hacia la reconciliación y la paz. Sin embargo, expresan la necesidad de utilizar los mecanismos de participación, lograr un mayor fortalecimiento de las organizaciones sociales y la construcción de redes entre los distintos actores sociales. Los participantes destacan el papel de las veedurías ciudadanas para el seguimiento de los planes del gobierno, la fiscalización del manejo de los recursos públicos y la exigencia de los mínimos de paz y reconciliación.
El Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconcilición en Colombia es una tarea bien hecha
Sin duda esas más de 15.000 personas que participaron en las mesas de trabajo, para construir el Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconcilición en Colombia, hicieron una extraordinaria tarea, que merece todo nuestro reconocimiento. Por eso es extraño que a este documento no le hayan dado mayor divulgación los medios y que los candidatos a la presidencia de la república no le hayan prestado mayor atención.
Se debe quizás a que es de tal envergadura la tarea que se propone, que exigiría un compromiso que puede asustar, si se toma en serio. No basta un gobierno para llevarla a cabo y cada candidato quiere realizar su propio programa, no el que le plantean los demás. Ojalá la Comisión de Conciliación Nacional no desmaye e insista en su clamor por la paz, que es el clamor de la gente que más siente el azote de la violencia, de la pobreza y de la injusticia.
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Sobre las elecciones presidenciales y nuestro deber ciudadano y cristiano
Vamos a decidir qué colombiano queremos que rija los destinos de nuestra nación. No es cualquier momento; es un momento histórico, en el que la economía va bien, pero como dicen, el país va mal: la guerrilla arrecia sus ataques a la población civil y sigue utilizando las proscritas minas antipersona; los presidentes vecinos quieren dirigir nuestra política a control remoto, según su conveniencia ideológica, la crisis mundial de los mercados amenaza con extenderse y no cede la pobreza, contagiada por el virus del desempleo.
No podemos ceder a otros la decisión de marcar nuestro destino. Es nuestro deber ciudadano y cristiano votar en conciencia. No por intereses personales ni de partido, sino por el bien común. El color de la camiseta que vista el candidato no lo hace mejor ni peor.
Hemos aprendido en Caritas in veritate que el amor cristiano es un amor activo, no un amor sensible y pasivo. Se manifiesta en hechos de amor. Si amamos a alguien preguntémonos: ¿qué he hecho por él o por ella? No es suficiente decir: “te quiero mucho”.
Benedicto XVI nos dice que amar es querer el bien de la otra persona y trabajar eficazmente por ella. Amar a Colombia es querer su bien y trabajar eficazmente por ella. ¿Cómo? Queriendo su bien y trabajando eficazmente porque nuestra patria consiga el bien para todos. Estamos frente a un deber de amor y de justicia.
Benedicto XVI nos propone un modo concreto de amar a la sociedad, a la patria, y consiste en cuidar a las instituciones que la conforman en lo social, en lo político, en lo jurídico y lo cultural. Somos nosotros los que conformamos las instituciones con las personas que elegimos, para que hagan de ellas lo que la Constitución dice que deben ser y lo que Dios quiere que Colombia sea. No podemos elegir a personas que persiguen sus intereses personales, utilizando el bien común en su beneficio propio, y no les importa mancharse de corrupción e injusticia.
Pidamos al Espíritu Santo que nos oriente para depositar nuestro voto con sabiduría y con amor y justicia por Colombia. Amar a Colombia es amarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. No vamos a votar por la reina ni un personaje del Carnaval. Los creyentes tenemos que contribuir a la edificación de la ciudad de Dios, hacia la cual avanza la historia de la familia humana. Es responsabilidad de los gobernantes creyentes, dar forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre y hacerla anticipación de la ciudad de Dios. ¿Quién nos podrá conducir mejor por ese camino?
Fernando Díaz del Castillo Z.
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